Cuando en mayo de 2017 Chile ratificó el Convenio sobre ciberdelincuencia, también conocido como el Convenio de Budapest, y se creó la Política Nacional de Ciberseguridad, se generaron distintos compromisos, siendo el principal, adecuar este convenio a la legislación chilena.
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Según la edición 2020 del Panorama de Amenazas en América Latina de la empresa de seguridad informática Kaspersky, considerando los datos de las 30 amenazas más comunes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, de enero a septiembre de 2020, dos de cada tres ataques en la región son contra empresas y solo uno de cada tres está dirigido a usuarios.
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Los ministerios de Economía, Fomento y Turismo y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto a la Universidad Adolfo Ibáñez y a la empresa Amazon, había decidido formar y constituir en su representación una fundación privada sin fines de lucro denominada “Fundación Data Observatory”.
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Uno de los fenómenos de la pandemia ha sido su fenómeno de acelerador de la transformación digital, uso más intensivo de las tecnologías y ha generado mayores desafíos para mantener estándares de ciberseguridad altos en diversos sectores económicos.
Es por ello que estamos viendo diversos cambios regulatorios sectoriales, en las que se están realizando cambios en la regulación, aplicación de estándares y fijando mayores responsabilidades en materia de ciberseguridad.
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Una noticia esperada hace años se concretó este lunes luego que la Contraloría General de la República tomara razón de nuevo Reglamento de calidad de servicio a internet, asociada a la ley 21046 de 25 de noviembre de 2017 y que establece la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a internet, la que en su aspecto central buscó fijar una norma de calidad de servicio de acceso a internet, de tal forma que cualquier persona que contrate acceso a internet y sienta que no está navegando a la velocidad garantizada por la ley, pueda reclamar y ser indemnizada por esto.
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