Muchas personas, pequeñas y medianas pymes o incluso algunas organizaciones e instituciones públicas cuando deben instalar programas ofimáticos (es decir, aquellas como editor de textos, de planillas de cálculo, presentaciones, etc) y con el pretexto de ahorrar en costos y evitar el pago de licencias correspondientes de soluciones comerciales más populares (como Microsoft Office), recurren a instalaciones no autorizadas. Corren el riesgo, entre otros, de ser multados por infracción a propiedad intelectual, existiendo sentencias judiciales que lo corroboran.
Leer MásSe recomienda actualizar LibreOffice. Vulnerabilidad permite hackeo con sólo abrir documento
