Diez años después: cuando una idea de política pública se convierte en campo de batalla geopolítico

En 2014, como Subsecretario de Telecomunicaciones, acuñamos por primera vez la idea de Chile Hub Digital y Chile País Desarrollado en Telecomunicaciones, lanzando el primer plan nacional de infraestructura de telecomunicaciones del país. La premisa era sencilla, aunque entonces sonaba ambiciosa: Chile, por su posición geográfica única en el Pacífico Sur, podía dejar de ser el último eslabón de la red global de datos para convertirse en un nodo de interconexión entre América, Asia-Pacífico y, eventualmente, la Antártica.

No era un eslogan. Era una tesis de política pública con sustento técnico: un país que invierte en cables submarinos, anillos de fibra, centros de datos y marcos regulatorios estables no solo mejora su conectividad doméstica, sino que construye un activo estratégico que trasciende gobiernos. La infraestructura digital, igual que los puertos o los pasos fronterizos, es geografía que se decide construir.

De la idea al cable: el caso Humboldt

Una década después, la tesis inicial de unir Chile con Asia Pacífico, tiene una expresión concreta en el Cable Humboldt, el proyecto que unirá Valparaíso con Oceanía a través de una alianza entre el Estado chileno —vía Desarrollo País— y Google. Con más de 14.000 kilómetros de extensión y una operación proyectada para fines de 2026, Humboldt no es solo un cable: es la materialización de que las políticas públicas de infraestructura, cuando logran sobrevivir a los ciclos políticos, generan valor real y medible.

Lo notable de Humboldt es precisamente eso: nació en un gobierno, atravesó estudios de factibilidad técnica y geopolítica entre administraciones distintas, y se concretó en otros posteriores. Eso es exactamente lo que debe ocurrir con la infraestructura crítica de un país: decisiones que se sostienen en el tiempo porque responden al interés nacional, no al calendario electoral.

El otro cable: cuando la conectividad se vuelve disputa de poder

Pero la última década también nos enseñó algo que en 2014 era menos evidente: la infraestructura digital ya no es solo ingeniería y inversión. Es geopolítica en estado puro.

El proyecto Chile-China Express (CCE), que buscaba conectar Valparaíso con Hong Kong a través de la china China Mobile International, terminó convertido en un episodio de tensión diplomática de proporciones inéditas para Chile. Washington llegó a sancionar con revocación de visas a funcionarios chilenos por, según su lectura, «comprometer infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavar la seguridad regional». El gobierno saliente sostuvo que actuaba bajo amenazas explícitas; el embajador estadounidense en Santiago fue derechamente categórico al señalar que el cable «ya se acabó». El decreto de concesión que había tramitado Subtel fue anulado internamente, y el proyecto quedó en evaluación, a la espera de definiciones de la nueva administración.

Más allá de las posiciones de cada actor, el episodio deja una lección que cualquier ex regulador reconoce de inmediato: más del 95% del tráfico global de datos circula por cables submarinos, no por satélites. Quien controla esos cables no solo provee ancho de banda; tiene una posición de observación —real o potencial— sobre flujos financieros, comunicaciones gubernamentales y datos sensibles de toda una región. Por eso un cable submarino dejó de ser un proyecto de telecomunicaciones para convertirse en un asunto de seguridad nacional discutido en cancillerías.

La lección de política pública

¿Qué nos dice esto, diez años después de Chile Hub Digital?

Primero, que la infraestructura digital exige planificación de Estado, no de gobierno. Humboldt avanzó porque hubo continuidad técnica y jurídica entre administraciones. El CCE se empantanó, entre otras razones, por presión de EEUU y por ausencia de marco previo de evaluación de riesgos de seguridad que anticipara este tipo de fricciones antes de comprometer decisiones administrativas.

Segundo, que la soberanía digital no es un concepto abstracto. Es la capacidad efectiva de un país de decidir con quién se conecta, bajo qué condiciones de protección de datos, y sin que esa decisión quede capturada por la disputa entre potencias. El propio embajador de China en Chile salió a sostener que el proyecto «obedece totalmente las leyes chilenas»; el de Estados Unidos, que «la soberanía sería quitada». Chile, en el medio, tiene la obligación —y el derecho— de evaluar con sus propios criterios técnicos y jurídicos, no como territorio de paso de una disputa ajena.

Tercero, que el verdadero hub digital no se construye con un solo cable, sino con una arquitectura: marco regulatorio robusto bajo la Ley Marco de Ciberseguridad, diversificación de rutas de conectividad, centros de datos de clase mundial y una institucionalidad capaz de evaluar técnicamente los riesgos antes de que se conviertan en crisis diplomáticas.

Mirando a 2030-2035

Chile tiene hoy lo que en 2014 era solo una proyección: cables operativos y en construcción, un anillo de fibra sudamericano, centros astronómicos de clase mundial, y una posición geográfica que sigue siendo, literalmente, insustituible para conectar tres continentes. La pregunta para la próxima década no es si Chile puede ser un hub digital del Pacífico Sur. Ya lo está siendo.

La pregunta es si seremos capaces de gestionar esa posición con la madurez institucional que exige operar en la intersección exacta de las dos superpotencias del siglo XXI. Esa capacidad no se improvisa: se construye con política pública seria, largo plazo y memoria institucional.

Esa fue siempre la apuesta de Chile Hub Digital. Sigue siéndolo.