La promesa de la futura tecnología 5G es realmente llamativa. La industria, los gobierno y hasta el World Economic Forum mencionan que transformará el mundo. Esto porque promete velocidades hasta 100 veces más rápido que 4G, pudiendo descargar películas de alta definición en segundos. Promete ser una tecnología más ecológica al hacer que las baterías del teléfono duren más tiempo y consuman mucha menos energía que 4G, lo que significa menos emisiones de CO2, con dispositivos que durarán más entre cargas.
En materia de salud, podrá proporcionar asistencia médica en cualquier momento y en cualquier lugar, permitiendo control en tiempo real para cirugías remotas y entrega de suministros médicos en áreas remotas a través de drones conectados. También 5G nos permitirá monitorear la calidad del aire en las ciudades en tiempo real, para que existan respuestas rápidas a los riesgos de la calidad del aire e informar a residentes directamente en sus teléfonos inteligentes. También proporcionará una conexión confiable en lugares de difícil acceso; así, en sector minero, se podría usar 5G para conectarse a cualquier parte del mundo, lo que permitirá que la extracción minera será más segura y productiva. Al mismo tiempo, 5G habilitará vehículos y máquinas controlados remotamente, reduciendo la necesidad de que los humanos estén en lugares peligrosos en tiempos peligrosos. Todo esto ha generado la expectativa de que la incorporación de 5G será tan revolucionario como la electricidad o el automóvil.
Todo esto ha despertado el interés de los gobiernos por avanzar en las condiciones técnicas y regulatorias hacia la pronta incorporación de 5G, en una verdadera carrera armamentista, entendiendo la palabra “armamentista” no en sentido militar, sino de el “armar” redes de esta tecnología en sus respectivos países.
Esto ha hecho que varias autoridades regionales hayan autorizado pruebas experimentales. Otras han comenzado con despeje de frecuencias, generando algunos inconvenientes sobre todo en espectro ya entregado con anterioridad. Incluso otros ya han avanzado en licitaciones o puesta en marcha de uso de frecuencias con nombre 5G, pero que aún dista de tener la calidad y efectos prometidos.
Esta efervescencia ha sido impulsada claramente por el interés de las empresas de obtener espectro, intangible necesario para el desarrollo de esta nueva generación de telecomunicaciones. También apoyada por organizaciones gremiales de las empresas que fortalecen el discurso. Sin embargo, los distintos países ven esta nueva tecnología como medio con fines recaudatorios o para generar mayor competencia, cuando finalmente no se ha clarificado aún cómo rentabilizar las nuevas redes, considerando las inversiones que será necesario realizar, sobre todo por el desafío de aumentar el número de radioestaciones base para el despliegue efectivo de los servicios.
Este fenómeno de armar o desplegar la nueva red se ve acelerado sobre todo con el lanzamiento comercial que realizó Corea del Sur y que da el argumento a varias autoridades para tener como meta lo antes posible contar con la puesta en marcha de 5G.
Así, según proyecciones de la industria, en los próximos 15 años será justamente este país el que posea casi 60 por ciento de los sectores productivos utilizando 5G. Lo seguiría EEUU con 50 por ciento. Más atrás estarían la Unión Europea y China con casi 30 por ciento y América Latina usaría 5G en casi 10 por ciento de sectores productivos, por lo que cualquier retraso podría significar un impacto económico.
No debemos olvidar, al mismo tiempo, que la mayoría de los países, sobre todo los de Latinoamérica, son consumidores de tecnología y no productores de la misma, por lo tanto, deben estar atentos a los vaivenes de cómo será la verdadera lucha por determinar qué nación o economía tendrá el control sobre 5G.
Así, la faceta real de la palabra “armamentista” podría también aplicarse a las actuales disputas económicas entre EEUU y China. Para muchos analistas, la batalla desatada por EEUU por tener el control de la quinta generación del móvil provoca un verdadero conflicto geopolítico, y nos encontraríamos en una nueva guerra fría, en la cual la incorporación de Huawei (el mayor proveedor de redes 5G del mundo) dentro en la lista negra (Entity List) de empresas que pueden atentar contra la seguridad norteamericana, ordenado por el propio presidente Donald Trump, sería sólo el último episodio de este conflicto.
El principal argumento que esboza Trump sería justamente en la denuncia de que el fabricante chino diseñaría sus redes y tecnología bajo la guía del gobierno chino, creando capas ocultas (o puertas traseras) que le permitan controlar o espiar las comunicaciones cuando sea necesario.
Considerando la hipótesis de esta guerra fría, aún no se tiene certeza respecto a bloques o alianzas que se formarían, aunque es de público conocimiento que EEUU ha desplegado toda su artillería diplomática encabezada por su Secretario de Estado, Mike Pompeo, que ha visitado países de América Latina y Europa, advirtiendo sobre las consecuencias de instalar tecnología 5G china.
A consecuencia de ello, hasta el momento los gobiernos de Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Japón se han alineado con EE UU. Por el contrario, el operador de telecomunicaciones más grande de Rusia (validadas por el gobierno) firmó un acuerdo con Huawei, para desarrollar tecnologías 5G y lanzar una red de quinta generación en Rusia el próximo año.
Por otro lado, la Unión Europea no tiene una posición única. Reino Unido está debatiéndose si unirse al veto; Francia y Alemania han abierto investigaciones sobre las redes de Huawei, y España no tiene una posición definida, a la espera de la respuesta común que adopte la Comisión Europea, que aún no llega.
Respecto a los países de América Latina, al menos las economías más grandes como Brasil, México y Argentina, y más abiertas como Perú, Colombia y Chile, no han hecho eco de las advertencias sobre posibles debilidades en ciberseguridad y avanzan en conversaciones con empresas chinas, aunque por motivos más domésticos, como es recibir inversiones extranjeras en sus respectivas economías.
Si finalmente la discusión la llevamos a un aspecto económico, la Comisión Europea estima que los ingresos mundiales procedentes de 5G deberían alcanzar el equivalente a 225 mil millones de euros en 2025. La asociación de operadores GSMA eleva la contribución de 5G a la economía mundial a 2.2 billones de dólares en los próximos 15 años. Y si le sumamos que la presente transformación digital tendrá un revolucionario impacto con esta nueva generación en telecomunicaciones, especialmente en los distintos sectores estratégicos como automóvil, agricultura, defensa y comunicaciones, dejar este desarrollo a merced del libre mercado no es una opción para los distintos gobiernos en turno.
* columna escrita originalmente para Digital Policy & Law
