Uno de los efectos de la pandemia mundial, son medidas tan estrictas como mantener distancia social, cuarentenas obligatorias y limitación de reunión tanto en actos públicos como privados.
Se suma a esto la suspensión de clases para estudiantes y la implementación del teletrabajo para aquellas labores que son posibles de realizar con medios tecnológicos.
Esta situación ha demostrado como la necesidad de mantener las comunicaciones, de informarse constantemente y seguir realizando labores productivas y educativas tienen como pilar la conectividad digital, especialmente el acceso a internet.
Chile se ha destacado por tener en la región una tasa de conectividad elevada, donde más del 95% de la población tiene la posibilidad de contar con algún servicio de conectividad, sin embargo por diversas razones (como precio, interés de uso, etc) es menor los conectados, y si hablamos de conectividad fija al hogar (adsl, cable, fibra óptica), éste baja casi al 50%. Por el contrario, el aumento del tráfico de internet en Chile que naturalmente aumenta año a año, por efecto del COVID19 y confinamiento en hogares ha aumentado entre un 30% a 40%, aunque proyecciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se visualiza un alza de 60% para este año 2020.
El principal motivo de este aumento de tráfico es porque se utiliza en mayor medida aplicaciones y servicios de audio y video (netflix, youtube, juegos en línea, videoconferencias como zoom, etc). Esto ha generado como efecto que en determinados horarios, zonas y circunstancias, la calidad del servicio a internet haya generado problema para muchos usuarios.
De hecho, han aumentado considerablemente la tasa de reclamos por personas a través de redes sociales contra empresas de telecomunicaciones, lo que ha obligado a Subtel a iniciar procedimiento de cargos contra alguna de ellas, sin embargo, lamentablemente la autoridad regulatoria no está cumpliendo su labor en relación a tener un reglamento de calidad de servicio que permitiría directamente a las personas saber si la calidad de su servicio es insuficiente y solicitar indemnizaciones por ello.
Sólo debemos recordar que este reglamento es una obligación que surge de la Ley de velocidad mínima a internet aprobado hace más de dos años atrás, por lo que el no tenerlo vigente, en un momento como éste, va en directo perjuicio de los usuarios. Incluso la última información es que se ingresó un borrador ante Contraloría y que ATELMO (asociación de empresas de telecomunicaciones) estaría impugnando por su inadecuada formulación).
Sin embargo, la discusión sobre la importancia de Internet debería centrarse en lo que el estallido social nos mostró y que coronavirus reforzó, que la desigualdad en todo ámbito y en especial al acceso a las tecnologías como internet deben ser consideradas y debemos tener un Estado que se preocupe por el bienestar de todos los chilenos.
Es por eso que el inicio de la discusión en el Senado del proyecto de ley que establece a internet como un servicio público es fundamental para tener una mirada de país integradora y de futuro, en donde no debiésemos tener como ahora, personas desconectadas o con capacidades muy limitadas para acceder a internet. Estudiantes sin capacidad de acceder a contenido educativo en linea, trámites que sólo es posible realizar por internet (como sacar salvoconductos en comisaría virtual) y en la que por costos de internet muchos no pueden acceder, adultos mayores y personas sin competencia para utilizar plataformas, siguen un patrón común. El mercado de las telecomunicaciones y su expansión no sólo debe quedar en manos del libre mercado y los privados sino que deben existir Políticas Públicas integradoras, buscando eliminar las desigualdades y en las que leyes como el proyecto de internet como servicio básico debe ser promovidas, incluso a nivel constitucional.
Lo que trata de establecer este proyecto que fue iniciado por mensaje de la Presidenta Bachelet boletín 11632-15 ( y cuya propuesta se basa en una moción presentada por los senadores Guido Girardi y Manuel José Ossandón que busca incorpora un numeral nuevo en el artículo 19 de la Carta Fundamental, para consagrar el derecho al acceso a internet y la especial protección a la vida privada en ambientes digitales Boletín N° 11037-07 y cuyo proyecto no ha avanzado) y que sólo ahora, a más de 2 años de presentado se analiza, es como se establece un principio de tener a internet como un servicio público o básico, obligando finalmente al Estado a promover políticas, regulaciones y en la práctica destinando financiamiento para que internet de calidad y alta velocidad esté disponible para cualquier ciudadano no importando el lugar geográfico en el que se encuentre.
Es por ello que llama la atención como las actuales autoridades del gobierno, encabezadas por la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, en sesión virtual de la comisión de Transportes y Telecomunicaciones Gloria Hutt haya manifestado sus reparos al proyecto y dijo estar en contra en la forma en que se plantea. Incluso fue respaldada por la actual susecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, quien erróneamente incluso señaló que la palabra «internet» no está ni siquiera considerada en la Ley de Telecomunicaciones (lo que es completamente falso).
Viendo la sesión en cuestión, cualquiera se da cuenta del error de la ministra al confundir el acceso a internet como servicio público (es decir, como servicio básico, como el agua,la luz, el transporte público), creyendo que lo que se buscaba es que el Estado tuviera una empresa estatal de telecomunicaciones (o un organismo público). Este tipo de errores conceptuales no son aceptables a quienes conducen las Políticas Públicas y debemos reflexionar sobre la importancia que se tiene en el gobierno del derecho a acceder a internet.
En el siguiente video se evidencia un extracto de la opinión de la ministra.
Lo curioso de esta situación es que incluso parlamentarios de gobierno, como el senador Chahuán han manifestado abiertamente a favor de este proyecto y otros como el senador Letelier, han publicado columnas llamando a una discusión sobre el punto, a pesar que el gobierno ha insistido que medidas como su Plan Solidario de Conectividad, (el cual es absolutamente limitado en cuanto a beneficiarios como a calidad de internet ofrecida) va en la dirección a reducir esta brecha, lo que claramente es insuficiente.
Es relevante que este tipo de iniciativas legales se vean acompañados por acciones concretas que vayan en esa dirección. Pero no tan sólo con aquellas que pueden beneficiar a la industria, incluso a tecnologías que aún no están presentes en Chile como el 5G (como la noticia que Subtel realizó cambios para acelerar la construcción de antenas) mientras que otras medidas prioritarias para los usuarios como el mismo reglamento de calidad de servicio a internet, la postergación del fin de roaming con Argentina, el no avanzar hacia que ciertos trayectos de fibra óptica sean considerada infraestructura crítica o puesta en marcha real de la fibra óptica austral, entre otras iniciativas, no sean adecuadamente impulsadas por la autoridad.
Llamamos desde acá a una discusión y acción. La transformación digital, teletrabajo, elearning o educación a distancia, telemedicina, un gobierno digital y trámites de todo orden en linea, ya están presentes. Y existen chilenos que no están siendo considerados, muchas veces por el mercado, pero tampoco por el gobierno. Estamos en el momento preciso de fijar prioridades, porque si pasa más tiempo, se sumará otro elemento de desigualdad aún más absoluta y que serán los conectados y los desconectados. Los informados y los desinformados, los incluidos y los excluidos de la red.
