Que existen grandes diferencias entre los programas de gobierno de José Antonio Kast y de Gabriel Boric no es un misterio, sobre todo en el enfoque que se quiere dar a sus posibles administraciones.
Por eso es importante saber, en distintos aspectos cotidianos, cómo nos afectaría el llevar adelante las propuestas de sus respectivos programas en distintas áreas que probablemente sean menos discutidas, pero no por eso determinantes en la forma que enfrentaremos el futuro.
Para algunos, una de las fortalezas del discurso de Kast está en su política de seguridad pública y sería uno de los aspectos bajos en Boric. Esto, cuando se habla de aspectos como delincuencia, policías, víctimas y narcotráfico, entre distintos temas. Sin embargo, todo esto se relaciona con aspectos “físicos”, “terrenales” o “analógicos”. ¿Pero cuáles son las posturas con relación a la seguridad pública digital?
Cuando nos referimos a una política pública de seguridad pública que integre el mundo “digital”, estamos hablando de cuál será la postura del gobierno en temas tan relevantes como la ciberseguridad, seguridad nacional y uso de tecnologías como herramientas de apoyo en gestión de seguridad pública. Estos temas son cada vez más relevantes, presentes y actuales. Para Donald Trump en EEUU la ciberseguridad y la seguridad nacional fue uno de los temas relevantes para enfrentar a China. Para la comunidad europea lo ha sido el desarrollo ético de la Inteligencia Artificial y el uso de big data en la protección de los datos personales de los europeos. Para el servicio secreto británico, el uso tecnológico de naciones como Rusia y China son los más relevantes en nuestros tiempos.
La ciberseguridad debe estar presente también en la nueva sociedad digital. La seguridad pública no sólo debe ser considerada en su aspecto físico o analógico sino también digital.
Por eso es tan relevante impulsar una correcta regulación de la ley de delitos informáticos que estipule, regule y sancione nuevas formas delictuales en un espacio digital. Generar una ley de infraestructura crítica de comunicaciones y ley marco de ciberseguridad que reconozca puntos vulnerables, exigencias de cuidados mayores y marcos de acción en mundo público y privado en materia de ciberseguridad.
Se hace urgente además fijar normativa sectorial de ciberseguridad por parte de entidades fiscalizadoras en el ámbito de sus competencias y sobre entidades reguladas, la creación de agencia de ciberseguridad autónoma e independiente, colegiada, con experticia técnica y posicionada como el centro nacional de referencia en ciberseguridad y el claro fomento de cultura de seguridad de la información y ciberseguridad, con campañas permanentes de educación, concientización, formación de capital humano y adecuado uso de las tecnologías en ámbito público.
Es importante también generar una institucionalidad de ciberseguridad, autónoma y promotora de políticas públicas sectoriales y nacionales, que busque formación de capital humano, fije estándares y criterios de ciberseguridad para el mundo público y privado y cuya organización sea encabezada por autoridades con competencia en el área, definidas por alta administración pública.
Si uno analiza el programa de Kast surge la primera diferencia con el de Boric. Para José Antonio no existe una propuesta para contar con una política clara en torno a la ciberseguridad. No existe referencia explícita en el programa sobre una agenda directa que aborde la ciberseguridad. Sí existe una única mención indirecta en la medida nº 351 en que señala:
“Planificar cooperativamente, autoridad y operadores, materias como ciberseguridad, contribución a la represión de la delincuencia, sistema de llamados de emergencia y otras materias que son de interés social”.
Esta vaga referencia implica que no tiene ninguna política pública en materia de ciberseguridad, menos enfocada en la base de seguridad pública, lo que es un absoluto vacío, falta de liderazgo y visión política en estas materias.
El programa de Boric, por otro lado, incorpora su posición ante estos elementos. Así, explícitamente menciona el avanzar hacia una “protección de la información y ciberseguridad, tanto de la información privada como pública. En esta línea, la implementación robusta de la Política Nacional de Ciberseguridad debe necesariamente estar orientada hacia la protección de los derechos fundamentales involucrados, evitando que una visión de seguridad nacional implique la adopción de tipificaciones de delitos informáticos o mecanismos de vigilancia estatal que socavan los derechos fundamentales en línea. Le daremos urgencia a la tramitación de una nueva ley de datos personales que dé cuenta de los desafíos actuales del entorno en línea, la inteligencia artificial, el big data y el uso de otras tecnologías, incluyendo estándares de protección reconocidos por la OCDE y en línea con la regulación europea”.
Es importante destacar la última línea de lo mencionado en el programa de Boric y es la relación del uso de las nuevas tecnologías, sobre todo si lo vinculamos con el uso que puede darles nuestras policías con una mirada de seguridad pública.
Es acá donde la posición de Kast en este aspecto es mucho más clara y al mismo tiempo, preocupante, porque marca su sello de avanzar hacia un Estado policial digital.
En su propuesta nº 20, el programa de Kast señala que “dada la preponderancia de los crímenes informáticos, sean para efectos de desfalcos económicos, sabotajes, espionajes a redes de privados o instituciones públicas, tráfico de contenidos asociados a la explotación sexual infantil, entre muchos otros, se requiere el fortalecimiento institucional, humano y material de las Brigadas Investigadoras de cibercrimen de Investigaciones de Chile y del departamento 09 de Carabineros. Proponemos la capacitación masiva de nuestras policías en el uso de tecnologías como el Big Data y el reconocimiento biométrico para el combate a la delincuencia, narcotráfico, barras bravas y terrorismo”.
En este sentido, es importante señalar que el uso de las tecnologías debe cumplir un principio de neutralidad y no como herramientas que vayan en perjuicio de derechos fundamentales de los ciudadanos. Tener una mirada sólo policial de uso de tecnologías como reconocimiento biométrico (como es el caso de reconocimiento facial), incluso va en contra de las recomendaciones de la comunidad europea.
Es así como hace poco menos de un mes el Parlamento Europeo votó a favor de prohibir permanentemente el uso de sistemas de vigilancia masiva de la población basados en parámetros biométricos e inteligencia artificial (IA), como por ejemplo el reconocimiento facial, sobre todo por parte de policías.
Un informe elaborado por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo recomienda que la Comisión Europea “implemente, a través de medios legislativos y no legislativos, y si es necesario mediante procedimientos de infracción, la prohibición de cualquier procesamiento de datos biométricos, incluidas imágenes faciales, con fines policiales que conduzca a una vigilancia masiva en espacios de acceso público”.
Esta clara tendencia y preocupación de que el uso nuevas tecnologías, como el de reconocimiento facial por parte de las agencias gubernamentales, supone una clara amenaza para los ciudadanos, incluyendo la posible identificación errónea, los prejuicios y la erosión de nuestras libertades civiles, también ha sido cuestionado por gobiernos locales en EEUU como el condado del Estado de Washington, San Francisco, California y Boston.
Incluso organismos internacionales como Amnistía Internacional han pedido que se imponga una prohibición total de uso, desarrollo, producción y venta de tecnología de reconocimiento facial con fines de vigilancia por parte de la policía y otros organismos públicos en Estados Unidos, así como una prohibición de las exportaciones de sistemas de reconocimiento facial a otros países.
Finalmente, incluso las Naciones Unidas han mencionado que la tecnología, como la Inteligencia Artificial, está poniendo en riesgo el cumplimiento de muchos derechos humanos hasta tal punto la recomendación de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, propone una moratoria urgente en la venta y uso de estas tecnologías hasta que no se implementen salvaguardas que aseguren que no afectan el derecho la privacidad, no tienen efectos discriminatorios y son respetuosos de los derechos humanos de las personas.
Para Boric, hay un compromiso explícito en estos temas con una visión de futuro y elaborando una propuesta clara en una política de seguridad pública digital. Para Kast, sólo existe un uso de estas tecnologías con fines de tener un Estado policial digital, sin preocupación del respeto de los Derechos Humanos.
